Chile se ha posicionado como líder en América Latina en la lucha contra el cambio climático, con el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Sin embargo, el camino hacia esta meta se enfrenta a múltiples desafíos, desde procesos burocráticos engorrosos hasta cambios en el sistema de subsidios eléctricos que afectan a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). En esta columna de opinión, exploramos cómo estas barreras impactan el desarrollo de energías renovables en Chile y qué acciones se requieren para asegurar que el país mantenga su liderazgo en la transición energética. Es fundamental que las políticas energéticas de Chile se alineen con sus compromisos climáticos internacionales y fomenten un entorno favorable para la inversión en energías limpias.
Les dejamos el artículo completo:
La transición energética de Chile: entre promesas y trabas
Chile ha sido pionero en América Latina en adoptar compromisos ambiciosos para enfrentar el cambio climático, comprometiéndose a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 en línea con el Acuerdo de París. Sin embargo, las acciones recientes y las demoras burocráticas ponen en tela de juicio la viabilidad de estos objetivos. A la compleja realidad de la “permisología”, que ha llevado a que los trámites ambientales superen los plazos legales en todas las regiones y acumulen un costo de US$ 6.244 millones, se suma un nuevo desafío: la modificación del pilar de subsidio eléctrico para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
La propuesta de reducir a menos de la mitad el aporte del pilar PMGD e incorporar créditos para generadoras amenaza con desincentivar la inversión en proyectos renovables, especialmente en aquellos de menor escala, que son fundamentales para diversificar la matriz energética y acercar la generación de energía a las comunidades. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Energía, contrasta con los esfuerzos del Ministerio del Medio Ambiente por mantener a Chile en una senda de liderazgo ambiental. La reducción del apoyo económico a los proyectos PMGD podría frenar más de 500 proyectos solares, cuyas cancelaciones representarían un retroceso significativo en la transición energética.
El impacto de estas decisiones no se limita al cumplimiento de los compromisos ambientales, sino que también tiene repercusiones económicas y sociales. La falta de certidumbre en el sector energético afecta la confianza de los inversores y pone en riesgo miles de empleos que dependen de la expansión de las energías limpias. Además, la congestión en los procesos de evaluación ambiental y la “permisología” han creado cuellos de botella que impiden el avance de proyectos clave.
Chile necesita un enfoque coherente y coordinado entre sus ministerios y entidades regulatorias para destrabar los procesos y garantizar que la transición energética no solo sea un ideal, sino una realidad. La sostenibilidad de las políticas energéticas debe alinearse con la urgencia climática y las metas internacionales asumidas, sin sacrificar los incentivos que permiten el desarrollo y la inversión en energías renovables. La promesa de una matriz energética limpia y sustentable no puede depender de decisiones que, en el corto plazo, generan incertidumbre y retrasos.
Es hora de que Chile reafirme su compromiso con una transición energética justa y eficiente, que ponga en valor tanto los avances tecnológicos como las políticas claras y sostenibles que favorezcan la inversión y aseguren un futuro resiliente para las futuras generaciones.
Juan Ignacio Boudon
Subgerente ambiental de proyectos en D’E Capital fondo de energías renovables
Presidente fundación bosques & vida
